El mundo ha ido cambiando tanto en las condiciones climáticas como en los aspectos sociales y económicos. Por ejemplo, la década de los noventa fue la más calurosa del siglo pasado y la contaminación ambiental representa ya un problema mundial. En lo económico, varios países europeos adoptaron una sola moneda y en México se le quitaron tres ceros al peso. En materia social, los derechos de los niños tuvieron gran importancia. Lo agitado de la vida moderna y de algunas de las más recientes transformaciones dificulta, en ocasiones, la comprensión de lo que sucede.

Una etapa de apertura comercial y crisis 

La crisis de 1982 llevó a México a cambiar el rumbo económico. Con el fin de mejorar las finanzas, el gobierno aplicó una política de libre cambio, es decir, comenzó a quitar las trabas al comercio exterior y a limitar su participación en materia económica. Esta política significó eliminar los subsidios a varios productos, abrir las fronteras al comercio internacional y vender aquellas empresas del Estado que no fueran indispensables para la administración. Fue así como en 1986 nuestro país entró al Acuerdo General de Tarifas y Aranceles (GATT por sus siglas en inglés), con lo que se permitió el ingreso de mercancías de otros países cuyo costo era menor y a las cuales se les cobraban bajos aranceles o impuestos. También se vendieron varias decenas de empresas que estaban bajo el control del Estado, como Teléfonos de México y Altos Hornos de México, y se modificaron las leyes sobre la propiedad ejidal con el propósito de promover otras vías de inversión y venta de tierras.

Hacia la década de 1990, la economía no había logrado reponerse. Ante esta situación se planteó la necesidad de firmar un tratado comercial (un acuerdo escrito que facilita la compra y venta de productos) entre México, Estados Unidos y Canadá con el objetivo de reactivar la economía y favorecer la inversión de capital.

Después de muchos arreglos, el 1o. de enero de 1994 el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) entró en vigor y afianzó a Estados Unidos como gran potencia.

Durante los primeros años, la apertura del TLCAN posibilitó que México recibiera inversión extranjera y se incrementará el número de maquiladoras. Pero a mediano plazo trajo consigo una serie de problemas como la quiebra de ciertas ramas de la agricultura y de la industria.

A finales de 1994, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y una política gubernamental de mantener el peso más alto que su valor real, provocó una fuerte crisis económica. Ante la falta de certidumbre sobre la economía del país, los inversionistas extranjeros y nacionales retiraron sus capitales, la producción del país cayó 6.85% y el peso se desplomó.

Para resolver la crisis, nuestro gobierno recibió varios préstamos del exterior y otorgó apoyo a los deudores por medio del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) pero, cuando estos no pudieron pagarlo, lo convirtió en deuda pública. Asimismo, el gobierno continuó con su política de apertura comercial para fomentar la inversión externa. Si bien, México salió de esa crisis, las irregularidades en la dotación de apoyos a los deudores, la falta de inversión estatal en las empresas públicas como Pemex y la apertura comercial dejaron a la economía de nuestro país cada vez más débil y vulnerable ante los vaivenes de la economía mundial.

Ante una economía dependiente del exterior, la crisis mundial iniciada en Estados Unidos en 2009 golpeó nuevamente a nuestro país al elevar aún más el costo de los alimentos y el desempleo, y provocar en la producción una caída aún mayor que aquellas de las crisis de 1982 y 1994. Pero a diferencia del pasado, la reducción de las reservas petroleras y el atraso tecnológico en que se dejó a Pemex, ha imposibilitado a esa empresa financiar al país para salir de la crisis. Al comenzar la segunda década del siglo XXI, nuestro país atraviesa por una larga recesión económica que requiere que todos participemos para definir el rumbo que queremos dar a nuestra economía.

Los derechos de los niños y sus necesidades básicas

La situación de los niños en el mundo, sobre todo en los países pobres, no es la que a todos nos gustaría; es decir, los niños no siempre están bien alimentados, protegidos, ni con los cuidados que necesitan hasta que alcancen la madurez: a veces son incluso maltratados y explotados. Según las estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), una de cada cuatro personas del mundo subdesarrollado vive en riesgo de pobreza o exclusión; 75 millones son infantes. En todo el mundo hay 200 millones de menores de cinco años con sobre peso o desnutrición.

Según la Convención sobre los derechos de los niños, ellos no deben trabajar; sin embargo, en los últimos años, cada día trabaja un mayor número. En 2015, en todo el mundo había aproximadamente 150 millones que desempeñaban distintas actividades laborales, a pesar de la mencionada Convención. El 20 de noviembre de 1989, se aprobó un tratado internacional de derechos humanos donde se afirmó que todos los niños y niñas que nacen en este planeta tienen derecho a no trabajar, por el solo hecho de serlo.

La niñez tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo, y servicios médicos adecuados

Su situación en algunos lugares es preocupante: la violencia, el maltrato y la explotación son algunos de los graves problemas que padecen, de ahí que casi todos los gobiernos del mundo hayan ampliado su compromiso para proteger a los niños y a las niñas; por ejemplo, han promulgado leyes que condenan a quienes los explotan y maltratan, han llevado a cabo campañas que promueven el respeto a sus derechos y han elaborado programas para proporcionar alimento a los más desprotegidos.

El ser humano en su infancia tiene necesidades básicas semejantes a las de los adultos, pero como está más indefenso que ellos para hacer que se respeten, se acordó incluir sus necesidades básicas en la Declaración de los Derechos del Niño.

Políticas nacionales

El gobierno desempeña un papel muy importante para decidir cómo resolver los problemas del país y así cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos; para ello actúa mediante las políticas que establece.

Las políticas gubernamentales son implementadas por diversas instituciones del Estado. La que se encarga de todos los asuntos relacionados con las políticas de población es el Consejo Nacional de Población (Conapo)

Las acciones que el gobierno lleva a cabo mediante sus instituciones para regular la vida social y resolver los problemas se llaman “políticas nacionales”. Entre estas políticas está la de población que sirve para propiciar mayor desarrollo en sus habitantes, mejorar su calidad de vida e incrementar su bienestar social.

Salud

El gobierno proporciona servicios de salud en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud (SS) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), entre otros. Para ofrecer un mejor servicio, el gobierno empezó a descentralizarlos y reestructurarlos. Descentralizar quiere decir que no depende del centro o de la capital del país, sino que cada uno debe ser independiente y manejar sus propios recursos para cubrir las necesidades de las personas a las que atiende. El presupuesto que el gobierno invierte en esos servicios proviene de distintas fuentes: de los impuestos de los ciudadanos, la industria y el comercio, entre otras.

La seguridad social es un derecho de los seres humanos proclamada en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en 1946 y presente en la Recomendación 102 de la Organización Internacional del Trabajo.

Alimentación

El propósito de la política en alimentación es garantizar el mejoramiento del nivel nutricional de los grupos más vulnerables de la población. Para ello se han llevado a cabo muchas acciones, entre ellas dar subsidio a algunos productos alimenticios, frenar la alta inflación para no afectar la canasta básica, elaborar campañas publicitarias para que las personas consuman alimentos de bajo costo con cualidades nutricionales, repartir desayunos escolares y despensas a algunas de las familias más pobres del país.

Educación

La política de educación en los años noventa tuvo varias direcciones importantes: abatir el analfabetismo, continuar ofreciendo los estudios básicos gratuitos, proporcionar acceso a la escuela a todos los ciudadanos, atender a los grupos con mayores desventajas (como los indígenas, la población rural, los jornaleros migrantes, los habitantes de las zonas urbanas pobres, las personas con deficiencia mental, trastornos visuales, de audición y de lenguaje o con impedimentos motores). Además buscó impulsar el desarrollo y utilización de la computadora y nuevas tecnologías al sistema educativo y elevar la calidad educativa.

Empleo

Para impulsar el mejoramiento de la calidad de vida durante las últimas décadas, el gobierno ha establecido condiciones para que más mexicanos y mexicanas tengan acceso al trabajo. Entre las políticas que ha implementado están: fomentar la creación de empleos mediante programas de capacitación tecnológica y autoempleo; apoyar iniciativas de emprendedores para establecer proyectos productivos y promover ferias del empleo. Asimismo, ha dado facilidades a los empresarios nacionales y extranjeros para que inviertan su dinero en el país, simplificando trámites administrativos y otorgando apoyos fiscales. Con el fin de proteger a los trabajadores ante las constantes crisis económicas, se ha buscado fortalecer la creación de empleos de calidad y otorgar ayudas a través de un seguro de desempleo.

La pobreza

Un problema que aún no se resuelve en México, al igual que en muchos otros países del mundo, es el de la pobreza. Ésta se manifiesta en la incapacidad de un individuo para generar, de manera permanente, el ingreso que le permita satisfacer sus necesidades básicas. Una de las políticas que el gobierno ha establecido para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos es la de la lucha contra la pobreza.

A pesar de que la tasa de nacimientos en México ha disminuido y se ha incrementado el gasto destinado a la lucha contra la pobreza; en los últimos años las diferencias sociales se han acentuado. En la segunda década del siglo XXI, el porcentaje de pobres en México ha oscilado entre el 45.5 y 46.6%. Lo que significa que un poco menos de la mitad de los mexicanos carece de lo necesario para tener una vida digna. Es decir, no cuentan con los ingresos suficientes ni los recursos necesarios para asegurar: alimentación, vivienda, educación, vestido y salud que les proporcione bienestar. Entre los grupos más vulnerables están las mujeres, los discapacitados, los indígenas y los habitantes de zonas rurales.

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